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Bettina Cruz: pese a amenazas de muerte, seguiré lucha contra proyectos eólicos  

Credit:  Gloria Leticia Díaz · 27 de febrero de 2012 · proceso.com.mx ~~

[Bettina Cruz: Despite death threats, I will continue to fight against wind projects – After being released from the Regional Prison of Tehuantepec, Oaxaca, the indigenous leader opposing transnational megaprojects, Bettina Cruz Velasquez, said that the death threats against her are not going to distract her from the fight for cancellation of contracts with the Spanish company Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), which, she said, “bring no benefit to the indigenous peoples and at the same time aim to end our customs and culture.”]

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de ser liberada del Reclusorio Regional de Tehuantepec, Oaxaca, la dirigente indígena opositora a megaproyectos de transnacionales, Bettina Cruz Velásquez, sostuvo que las amenazas de muerte que hay en su contra no van a sustraerla de la lucha por la cancelación de contratos con la empresa española Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) que, dijo, “no trae ningún beneficio para los pueblos indígenas y en cambio sí pretende acabar con nuestras costumbres y cultura”.

Bettina Cruz, quien contaba con medias cautelares tras haber sido amenazada de muerte el 28 de octubre del año pasado, fue detenida por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado miércoles 22, cuando salía de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusada de privación ilegal de la libertad en agravio de empleados de esa paraestatal.

La madrugada del sábado 24, la integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, fue liberada bajo caución y obligada a acudir al reclusorio de Tehuantepec para firmar y continuar su proceso en libertad.

En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), Bettina Cruz aseguró que la lucha de los pueblos indígenas de Oaxaca contra las industrias generadoras de energía eólica se da “porque nunca se nos tomó en cuenta, nuestros territorios fueron ofertados a grandes transnacionales, mientras que la CFE se encargó de amedrentar a los pequeños propietarios a aceptar la instalación de enormes generadores de energía en sus terrenos, pero sin considerar que la mayor parte de las tierras están bajo el régimen de bienes comunales, y no ha habido asambleas para aceptar esos acuerdos”.
Agregó que al menos 40 dirigentes campesinos e indígenas oaxaqueños, opositores a los parques de producción de energía eólica, están en la mira de autoridades federales y estatales, ya que tienen abiertas averiguaciones previas en su contra.

En contraste, “no avanzan las denuncias penales por la represión a la libre manifestación, por golpes y amenazas de muerte que han sufrido los defensores, en especial el 28 de octubre de 2011, cuando protestaron los campesinos del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo”, acotó Alejandra Ancheita, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pro Desc).

De acuerdo con la abogada, en la región del Istmo hay 60 empresas de energía eólica en diferentes parques que tienen la misma constante, es decir, que “los pueblos indígenas y dueños de la tierra nunca fueron consultados”.

Añadió:

“A través de la CFE y bajo engaños, a muchos se les pidieron sus escrituras y documentos para simular la aceptación del megaproyecto, y los empresarios se han negado a devolverlos”.

En el proyecto eólico de Piedra Larga en Unión Hidalgo, agregó, 30 pequeños propietarios exigieron dar por terminado el contrato con Demex, restablecer la calidad original del suelo e indemnizar por el daño productivo, pero el director general de la transnacional, Fernando Ballester Surruca, negó la petición que está en los convenios firmados, bajo el argumento de que estaba en juego “una importante inversión de recursos económicos y humanos”.

Según Bettina Cruz, miles de hectáreas de la región del Istmo de Tehuantepec fueron afectadas por los parques de energía eólica. “En los terrenos que antes se sembraba maíz, sorgo, chile, calabaza, ahora están las enormes torres, y hay conflictos con pescadores que también se han visto afectados”.

La defensora resaltó que pequeños propietarios de Unión Hidalgo que inicialmente aceptaron los contratos con Demex, pretenden cancelarlos anticipadamente, “porque han visto que no les da ningún beneficio. Es más, tenemos una protesta de huelga de pagos porque los cobros son injustos y elevados, llegan a ser de mil a siete mil pesos”, dijo.

La activista señaló que hay confianza en la lucha emprendida por los cinco grupos indígenas afectados por el proyecto eólico, porque han logrado anular cerca de 300 contratos que pequeños propietarios tenían con Demex.

La abogada Ancheita informó que entre las estrategias que se contemplan para devolver a los pueblos indígenas su derecho a decidir sobre su territorio, hay demandas de tipo civil para anular los contratos entre la transnacional y los pequeños propietarios, y en los casos de los terrenos ejidales y de bienes comunales, se iniciarán juicios en el Tribunal Superior Agrario para desconocer las asambleas que permitieron instalar los proyectos eólicos.

Benjamin Cokelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, comentó que también es factible iniciar protestas ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos que proporcionaron 160 millones de dólares para el proyecto eólico de Piedra Larga.

“La mitad de los fondos son administrados por Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa, y el resto por los bancos Espíritu Santo de Portugal, y los españoles Santander y Caixa Bank, pero sabemos que ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional están dispuestos a financiar un proyecto que viola los derechos de los pueblos indígenas, por lo que el derecho internacional permite demandar y que se corrija la situación”, dijo Cokelet, quien tiene sus oficinas en Nueva York.

Peor aún, hasta ahora los beneficiarios de los fondos internacionales, agregó, “son empresarios transnacionales y no mexicanos que paguen impuestos. Hay 19 proyectos en todo el territorio de Oaxaca y por lo menos entre dos y tres empresas extranjeras beneficiándose, aunque entre las empresas que tienen contratado el servicio está Grupo Bimbo, que firmó un contrato de abastecimiento por 18 años”, subrayó.

Adicionalmente, apuntó, “los bancos europeos tendrán que rendir cuentas, porque ellos se sumaron a los Principios de Ecuador, un acuerdo signado por varios bancos y empresas en el mundo, que se comprometen a no hacer convenios que resulten desventajosos para grupos indígenas o grupos vulnerables”.

Para Cokelet, detrás de la detención de Bettina hay una “represalia, porque a 10 meses de que termine el gobierno de Felipe Calderón, no puede cumplir la promesa que hizo en el COP 16 (Conferencia del Cambio Climático, realizada en Cancún Quintana Roo, en 2010), de que 4% de la energía que produciría México sería ecológica antes de dejar su gobierno. No obstante, las movilizaciones sociales y la oposición al proyecto por parte de la organizaciones indígenas no permiten que haya más que 1%, entonces hay una urgencia por terminar ese proyecto prometido a los grandes líderes mundiales”.

“Es sorprendente cómo los agentes de la PGR son incapaces para combatir delitos graves que han bañado al país de sangre, y en cambio son diligentes para detener a defensores de pueblos indígenas”, señaló a su vez José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh.

El defensor lamentó que ni las grandes empresas, ni los gobiernos respeten las resoluciones judiciales promovidas por los opositores a los megaproyectos, y recordó el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, así como la Supervía Poniente, de la Ciudad de México.

En tanto, Agnieszka Raczynska, secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina a 75 organizaciones no gubernamentales, exigió al gobierno de Felipe Calderón la instrumentación de las medidas de protección a defensores, acabar con la criminalización de los movimientos sociales y respetar las medidas de protección que los defensores tienen.

Racynska manifestó su preocupación porque en los últimos años el mayor número de defensores agredidos es aquellos que se oponen a megaproyectos o que defienden los recursos naturales.

Source:  Gloria Leticia Díaz · 27 de febrero de 2012 · proceso.com.mx

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