El Defensor de Pueblo avisa de que el concurso eólico puede vulnerar la ley 

[Ombudsman concludes that wind power process may have violated law]

Santander, 12 ene (EFE).- El Defensor del Pueblo ha advertido al Gobierno de Cantabria de que el procedimiento que ha seguido para repartir las zonas donde podrá tramitarse la instalación de parques eólicos “es el inverso al que dicta la lógica” y “puede suponer un fraude a la Ley 9/2006” sobre evaluación de impacto ambiental.

[The Ombudsman has warned the Government of Cantabria that the procedure followed to designate the areas where the installation of wind farms can be considered “is the reverse of logic” and “could be fraud under Law 9/2006” regarding environmental impact assessment.]

El Defensor se pronuncia en estos términos en su contestación a la queja formulada por un particular contra el hecho de que el Gobierno de Cantabria haya convocado un concurso para repartir siete zonas con una potencia eólica teórica máxima de 1.500 megavatios (Mw) sin someterlo previamente a evaluación de impacto y cuando su Plan Energético Regional (Plenercan) sólo autoriza 300 Mw.

La institución recoge en su respuesta los argumentos que la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria le ha remitido en defensa del procedimiento elegido, en los que el Gobierno regional reitera que ese concurso no autoriza ningún parque eólico, sino que sólo asigna zonas, por lo que la instalación de los aerogeneradores será sometida en su momento a todos los controles previstos en la ley.

En cuando al Plenercan, la Consejería admite que sólo prevé 300 Mw de generación eólica, pero también señala que la vigencia de ese plan termina a finales de 2011 y que ninguno de los parques que se derivarán del concurso se instalará antes. De hecho, añade, ya se ha iniciado la preparación de un nuevo Plenercan.

En una resolución que adelanta “El Mundo”, a la que ha tenido hoy acceso Efe, el Defensor del Pueblo pone en cuestión esos argumentos y asegura que “hubiera sido más lógico” que el Gobierno cántabro aprobara su nuevo plan energético antes de convocar un concurso que ya delimita cuáles son las siete zonas de aprovechamiento eólico.

El procedimiento seguido por el Gobierno de Cantabria “sustrae de la evaluación estratégica decisiones sobre el emplazamiento (zonas donde se podrán implantar las instalaciones eólicas) y la asignación de máxima potencia eólica en cada zona”, por lo que “puede suponer un fraude a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente”, cuyo fin es “integrar los análisis ambientales en las fases de decisión anteriores a los proyectos”.

En su opinión, “el orden elegido” en Cantabria -primero adjudicar las zonas y luego reformar el plan energético regional y tramitar la evaluación parque a parque- “es el inverso al que indica la lógica”.

“En vez de decidir primero las zonas aptas para emplazar instalaciones eólicas y la máxima potencia en ellas a instalar, sometiendo esas decisiones a los controles propios de la evaluación estratégica, entre ellos las consultas y la información pública, y posteriormente convocar un concurso público que ordene la oferta de conformidad con la planificación, el Gobierno de Cantabria ha regulado y convocado primero el concurso público de asignación de potencia eólica” para luego autorizar los parques, señala.

El Defensor del Pueblo rechaza además el argumento del Gobierno de Cantabria para no haber sometido el concurso eólico a evaluación ambiental -que no es un plan de ordenación-, porque aunque no se presente como un “plan”, sí tiene “un contenido propio de una decisión de naturaleza planificadora”, puesto que delimita el perímetro básico de las zonas eólicas y su potencia máxima.

El adjunto segundo al Defensor, Manuel Ángel Aguilar Belda, pide al Gobierno de Cantabria que le justifique por qué ha actuado de esta manera y que le informe de cómo están los trabajos de preparación del nuevo Plenercan, para, en función de ello, disponer “las actuaciones que en su caso procedan”.

Las siete zonas de aprovechamiento eólico de Cantabria fueron adjudicadas el pasado 10 de diciembre a otros tantos grupos en los que participan algunos de los grandes del sector eléctrico, como Iberdrola, EDP y E.ON; entidades financieras, como el Banco Santander y Caixa Nova, y empresas locales. EFE-Cantabria

jmr